miércoles, 21 de noviembre de 2012

Suecia puede convertirse en el imán del VIH

Fredrik Reinfeldt 


El gobierno sueco y el Partido Ecologista (Miljöpartiet) han decidido que todos los "sin papeles" residentes en Suecia deben tener cuidado en la salud publica - incluso en casos de tratamientos muy costosos, como los medicamentos contra el VIH. Nadie sabe cuánto va a costar, porque nadie sabe cuántos solicitantes de asilo están infectadas con el VIH. A pesar de la entrega gratuita de exámenes médicos, es difícil conseguir que los inmigrantes recién llegados se sometan a ellos.

El tratamiento de los pacientes con VIH puede costar más de 11.500 euros por paciente al año, que los indocumentados hasta ahora han sido forzados a pagar ellos mismos, pero el 1 de julio de 2013, estos costos serán pagados por los contribuyentes. Puede, sin embargo, ser una manera de reducir el peligro de contagio.

"La amenaza de difusión se reduce en un 96% si los pacientes VIH positivos están bajo tratamiento bien administrado", dice Axana Haggar, un investigador médico del Departamento de Servicios Sociales.

No hay duda de que los indocumentados que tienen VIH positivo y son residentes constituyen un problema enorme y creciente en Suecia. El número de casos registrados es grande.

"Nadie sabe cuántos residentes indocumentados tienen el VIH", dice Åsa Cronberg, asesor legal de la organización del VIH-Suecia.

Pero basado en el número de casos notificados al Instituto para la epidemia de Control (Smittskyddsinstitutet), se puede concluir que el 75% de los nuevos casos de VIH (primer semestre de 2012) se han detectado entre los nacidos en el extranjero. Muchos de ellos son solicitantes de asilo o han emigrado bajo las políticas de reunificación familiar de zonas de alto riesgo en África y Europa del Este.

La incidencia de VIH es mucho mayor en estas zonas que en Suecia. No obstante inmigrantes de estas partes no están obligados a ser examinados a su llegada. En Australia, los inmigrantes recién llegados deben someterse a los controles de salud pero este no es el caso de Suecia, donde simplemente se les ofrece atención médica gratuita y un chequeo voluntario.

Åsa Cronberg piensa que es importante que los chequeos sean voluntarios:

"Es posible motivar a la gente a probar y así son conscientes de la importancia de cuidar su propia salud".

Otro problema es que las personas de zonas de alto riesgo pueden ser saludables a su llegada a Suecia, pero pueden contraer la temida enfermedad después de visitar sus países de origen y por lo tanto llevarla a Suecia.

El ofrecimiento de Suecia de la atención médica gratuita, incluso para aquellos que están ilegalmente en el país puede afectar el resto de la UE. El pasado martes el primer ministro Fredrik Reinfeldt reveló a un grupo de estudiantes de la Universidad de Estocolmo lo que había motivado a su gobierno para llegar a un acuerdo sobre la inmigración con el Partido Ecologista.

Se trataba de castigar a los electores que habían votado por los Demócratas de Suecia, críticos con la inmigración de Suecia. En lugar de escuchar a los muchos suecos que se oponen a la política actual, el gobierno hizo exactamente lo contrario, mostrándoles que los votos de los Demócratas de Suecia sólo daría pie a que vinieran más solicitantes de asilo.

El próximo año, 54.000 personas se espera que soliciten asilo en Suecia. Muchos de estos pueden que desaparezcan de la vista, si las autoridades de inmigración (Migrationsverket) se niegan a permitir que se queden. Según las estadísticas de Migrationsverket, hasta el día 5 de noviembre de  este año, 7.426 personas se les ha negado el asilo este año.


HECHOS / sanitarios para personas "sin papeles"

Como resultado de un acuerdo entre el gobierno y el Partido Ecologista (Miljöpartiet), la ley sobre la protección contra el contagio se va a cambiar y las personas indocumentadas se le proporcionará atención médica gratuita. De acuerdo con el informe del Departamento de Servicios Sociales, esto puede implicar el aumento de los gastos en salud pública de 24,2 millones de euros a 34,6 millones de euros al año. El informe también señala el riesgo de que esto pueda atraer a más personas para vivir de manera ilegal en el país.

El nuevo acuerdo se aplicará en julio de 2013.

Dispatch

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