La respuesta que los líderes europeos han dado al drama de la inmigración ha sido “inmediata pero insuficiente”. Quien así se expresa no es un partido político ni una ONG, sino la propia Comisión Europea, que esta semana presentará su esperada propuesta para gestionar mejor los flujos migratorios. Vistas las disparidades entre Estados miembros en el grado de acogida que hacen de los refugiados potenciales, el Ejecutivo comunitario propondrá una medida que generará tensiones en el seno de la Unión Europea: la fijación de cuotas de acogida de extranjeros en función del PIB, la población y el desempleo de cada país, así como del número de demandantes de asilo registrados en años anteriores.
“La UE no debería esperar para actuar hasta que la presión sea intolerable”, justifica el documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Con un sistema que concentra el 72% de las demandas de asilo en cuatro países —un tercio del total recae en Alemania—, Bruselas ha decidido actuar por dos vías. De manera inmediata, activará el sistema de emergencia previsto en los tratados cuando se detecte “un influjo repentino” de extranjeros de un país tercero. Ese mecanismo permitirá una distribución de demandantes de asilo “con una participación justa y equilibrada” de todos los Estados miembros. Y con carácter permanente, Bruselas presentará una nueva norma a finales de año que distribuya a los inmigrantes “de manera obligatoria y automática” cuando haya una afluencia masiva de extranjeros.
Ese carácter vinculante constituye la principal novedad de la llamada agenda europea de inmigración que el colegio de comisarios aprobará este miércoles. Hasta ahora eran los Estados miembros los que podían adoptar decisiones ante situaciones de emergencia. Consciente de las dificultades políticas para aceptar refugiados, especialmente en países que ya soportan la presión de las llegadas a las costas, Bruselas ha decidido que el reparto sea directo y obligatorio.
Este modelo descargará, previsiblemente, a Alemania y Suecia de buena parte de sus demandantes de asilo para recolocarlos en países como España, Portugal o Rumanía, que figuran entre los que menos demandantes absorben. La UE compensa de este modo a los países del norte, que hicieron un esfuerzo en la última cumbre extraordinaria de finales de abril al aceptar destinar más recursos para afrontar las llegadas de extranjeros por el Mediterráneo. “Los Estados miembros tendrán que mostrar solidaridad y redoblar sus esfuerzos para asistir a los países que están en primera línea”, desliza la propuesta, a modo de recordatorio de la necesaria asistencia a los países más próximos a las fronteras exteriores.
Esa mayor solidaridad no podrá limitarse a fijar cuotas con los inmigrantes que ya han llegado a Europa. El Ejecutivo comunitario lanzará una recomendación a finales de mes para la acogida de refugiados en origen, es decir, los que no han entrado todavía en la UE. El número de plazas aparece en el documento de la Comisión marcado con tres equis, pero Bruselas apunta como pista que la ONU recomienda para Europa un objetivo anual de 20.000. Hasta ahora las cifras apenas superan los 7.000 acogidos, mientras en Estados Unidos se acercan a 60.000. También aquí se tendrá en cuenta el PIB y el resto de criterios mencionados para el reparto de los extranjeros que ya están en Europa. Y si la voluntariedad no funciona, Bruselas anuncia un modelo obligatorio a partir de 2016. Las cifras definitivas se conocerán a finales de mes.
Para facilitar ese reasentamiento de extranjeros que huyen de los conflictos, Bruselas propone una idea que, sin llegar a fijar centros europeos en países terceros para pedir asilo, se aproxima bastante. La UE establecerá a finales de año un centro piloto en Níger que permitirá organizar el viaje a Europa de esos refugiados que los países acepten de manera voluntaria.
Todos estos proyectos recibirán dinero fresco. El documento que se presentará la próxima semana incluye 50 millones de euros extraordinarios para fomentar la acogida de extranjeros en origen para 2015 y 2016. Otros 60 millones se destinarán a las labores de recepción y asistencia sanitaria de los países “que están bajo una especial presión”. Y se destinarán 30 millones más a la cooperación regional.
El reverso de toda esta solidaridad es una mayor dureza en las devoluciones de todos aquellos a los que se considera sin derecho al asilo. Solo el 39% de las expulsiones decretadas en 2013 se ejecutaron, un aspecto que, en opinión de Bruselas, fomenta las arriesgadas salidas hacia Europa. La Comisión propone dar nuevos poderes a Frontex, la agencia de supervisión de fronteras, para agilizar esos retornos.
Aunque ambiciosa respecto al marco actual, la iniciativa de Bruselas no deja de ser un conjunto de soluciones fragmentarias al reto migratorio. El propio Ejecutivo comunitario concluye su documento con tres propuestas de futuro que sí supondrían una revolución: un sistema único de asilo, con criterios homogéneos en todos los países, una gestión unitaria de las fronteras, con un cuerpo europeo encargado de protegerlas, y un sistema integrado de inmigración legal que creara “una reserva europea de inmigrantes cualificados” accesible para los empresarios.
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