miércoles, 6 de marzo de 2013

España deberá indemnizar a Pedro Varela por haber vulnerado sus derechos fundamentales


[Gabriela Gass para ANN] Justicia simbólica para la libertad de expresión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que España vulneró el derecho de Pedro Varela, dueño de la Librería Europa de Barcelona, a tener un juicio justo, por lo que deberá ser indemnizado con 13.000 euros.

La Corte de Estrasburgo ha considerado por unanimidad que España no respetó ese derecho porque Varela fue condenado en segunda instancia por la Audiencia Provincial de Barcelona por un delito que no fue incluido en los escritos de acusación por los que fue juzgado en la primera instancia por el Juzgado Penal número 3 de Barcelona.

Con anterioridad Varela alegó que se vulneró el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece los derechos del reo a un juicio justo en un plazo razonable y a ser informado de los hechos de los que se le acusa para poder preparar una defensa adecuada.

Varela fue condenado el 16 de noviembre de 1998 por el Juzgado Penal a un total de 5 años de prisión por un delito continuado de “negación del genocidio nazi” y otro de “incitación a la discriminación y al odio por motivos racistas y antisemitas”.

En 2008, después de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional la tipificación delictiva de la negación del genocidio, la Audiencia de Barcelona condenó a Varela a siete meses de prisión por un delito de “justificación del genocidio” y le absolvió del resto de los cargos.

El TEDH considera que, para poder cambiar la calificación de los hechos (de negación del ‘genocidio nazi’ a justificación del mismo) la Audiencia “debió dar la posibilidad al acusado de ejercer su derecho de defensa sobre ese punto de una manera concreta y efectiva”, lo que no sucedió en este caso.

Por ello, el Tribunal de Estrasburgo que se indemnizara a Varela con 8.000 euros por daños morales, de los 125.000 que solicitaba, y con otros 5.000 euros por gastos y costas. Estrasburgo, en cambio, no dio la razón al demandante en su queja por la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia y de expresión, que Varela había recurrido sin éxito ante el Tribunal Constitucional.

El Gobierno español tiene ahora tres meses de plazo para recurrir la sentencia y solicitar su revisión por la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo

Un caso que se remonta a 1996

El martirio judicial de Varela comenzó en 1996, con el primer registro por orden judicial de su domicilio y en los locales de la Librería Europa, donde policía secuestró 20,900 libros, además de todos los archivos históricos, su biblioteca privada, documentación, ordenadores, entre otras posesiones. Dos años después (1998) fue condenado por un Juzgado de lo penal de Barcelona a cinco años de cárcel por vender libros. A Varela se le retiró el pasaporte y se le prohibió salir de España durante 10 años.

El 16 de enero de 1999 una manifestación autorizada y controlada por la policía de Barcelona, irrumpió en la Librería Europa y la destrozaron, lanzando los libros a la calle y quemándolos en una gran pira.

Al año siguiente Varela realizó un recurso en la Audiencia Provincial que fue aceptado por considerar que la ley aplicada contra él era inconstitucional. La Audiencia Provincial que presidía Ana Ingelmo envió la sentencia y sus consideraciones al Tribunal Constitucional de Madrid, que necesitó 10 años para tomar una decisión.

En 2008, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional ese artículo en lo relativo a las doctrinas “que nieguen” los delitos de genocidio, aceptando que no podía condenar a nadie por dudar o negar presuntos hechos históricos mediante la palabra o el escrito, por lo que fue retirado ese punto de la acusación, sin embargo, la Audiencia Provincial le condenó a siete meses de cárcel por “promover de genocidio”.

Un nuevo juicio tuvo lugar el 29 de enero del 2010, a raíz registro ordenado por el Tripartito en Barcelona y efectuado por los Mossos d’Esquadra en su local de Barcelona en abril del 2006, donde secuestraron siete ordenadores, numerosa documentación y 4.793 libros de Ediciones Ojeda, editorial de su propiedad.

El 8 de marzo del 2010 fue condenado a 2 años y 9 meses de prisión por “genocidio” y atentado “contra los derechos fundamentales”, crimen ‘que cometió’ al editar libros que denuncian al lobby sionista internacional, documentos históricos como el Mi Lucha o los discursos de Hitler y otros de temática raciológica.

Agencia Nacionalista de Noticias

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