Podemos contempla dar la nacionalidad española a más de un millón de marroquíes descendientes de moriscos

Podemos contempla incluir la concesión de la nacionalidad española a los descendientes de moriscos entre las propuestas a defender entre las propuestas a defender en las negociaciones con el PSOE para la formación de Gobierno. Esta propuesta está siendo defendida por el Círculo Musulmanes de Podemos, amparada en la modificación del artículo 23 del Código civil que previó la concesión de la nacionalidad española a los judíos sefardíes originarios de España. Los musulmanes del partido morado reclaman el mismo trato para los descendientes de los moriscos (hoy en su inmensa mayoría ciudadanos marroquíes, que pueden sumar más de un millón), que fueron expulsados entre 1609 y 1612 y que algunas fuentes sitúan en una cifra de 300.000, lo que parece exagerada para la época.

Los musulmanes de Podemos concretan sus peticiones en dos puntos:

-Que el Estado español derogue los decretos de expulsión de los moriscos y dé todos los pasos necesarios para la rehabilitación simbólica de esta comunidad, tal y como justamente se ha hecho con los sefardíes.

-Que se modifique la legislación para incluir en los supuestos de adquisición de la nacionalidad española por carta de naturaleza, previstos en el artículo 23 del Código civil, a los descendientes de los moriscos en condiciones análogas a las previstas para los sefardíes.

Animados por las pretensiones de Podemos, los descendientes de los moriscos expulsados de España en el siglo XVII han preparado un memorándum jurídico para pedir el derecho a la nacionalidad española.

Nayib Lubaris, presidente de la Asociación Memoria de los Andalusíes y voz más destacada entre los descendientes de los moriscos en el Magreb, ha señalado que la exclusión implícita de los moriscos de dicha ley atentaría contra la Constitución española y contra las leyes internacionales que prohíben todo tipo de discriminación por motivos étnicos o religiosos.

Marruecos es el país donde más moriscos españoles recabaron tras su expulsión de España, por delante de Argelia y Túnez, países donde sus descendientes, que los árabes llaman «andalusíes», han conservado una herencia cultural propia en ropa, música o cocina, aunque ya no hablan español, a diferencia de los sefardíes, que siguen conservando su lengua ancestral, el ladino.

Curiosamente, Marruecos es también el país donde más judíos sefardíes emigraron, y de hecho en el primer lote de 4.032 «nacionalizaciones por carta de naturaleza» otorgadas por el Gobierno español en 2015, una gran parte de los agraciados procedían de Marruecos, Turquía y Venezuela.

Asimismo, Podemos se ha propuesto fomentar la “participación política” de los inmigrantes. Para ello, en el documento que defenderá en las negociaciones con los socialistas, la formación ha incluido una batería de medidas que prevé el derecho a voto de los extranjeros en las elecciones autonómicas y en los referéndums.

Sanidad Universal

Podemos incluirá asimismo en su lote de medidas a negociar la modificación de la ley para “blindar” el “carácter universal” de la sanidad española y el cierre de los CIE. “Sostenemos que la propia existencia de los Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE) vulnera los Derechos Humanos. Defendemos la necesidad de repensar la política migratoria española”, recalca la formación, que apostará por cerrar estas instalaciones en caso de asumir responsabilidades de gobierno, al considerar que “constituyen una anomalía del sistema democrático”.

El fin de los vuelos masivos de deportación, acabar con las devoluciones en caliente y quitar las concertinas en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla”, constituyen otras de las medidas que Podemos se propone poner en marcha.

La formación liderada por Iglesias exigirá igualmente una nueva política de visados, que permita la entrada temporal de los inmigrantes en España para buscar empleo y el regreso al país de origen si no se ha logrado, así como la eliminación del test de nacionalidad española.

Propone además acortar los plazos requeridos para adquirir la nacionalidad por residencia: cinco años de plazo general, tres años para refugiados y un año “para la población originaria de países con los que España mantiene históricamente una buena relación”.

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